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La condonación de créditos fiscales y la decisión judicial

Dr. Silvino Vergara Nava

“Frente al mito de la certidumbre legal,

la experiencia enseña que nada hay

tan movible e inseguro como el Derecho”.

Alejandro Nieto

 

Cuando la administración pública realiza sus funciones, multando, cobrando adeudos fiscales, clausurando, embargando, realizando inspecciones (atendiendo a que su función es masiva), suele cometer violaciones a la ley y, con ello, afectación a los derechos de los gobernados. Por ello, se establecen los medios de defensa de los particulares ante las actuaciones de las autoridades administrativas, en particular, las fiscales, es decir, las que se encargan de vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Sin embargo, atendiendo, primero, a los cambios que son propios de nuestra época, tanto del hecho de que las leyes hoy se reforman en forma inmediata e impiden, por esa rapidez, conocerlas, principalmente por las personas a quienes van dirigidas —como es el caso de los particulares—, y, segundo, que al derecho, a los tribunales, a los jueces en general les ha llegado el momento de convivir con la tecnología (por nombrar sólo estos dos); Entonces, se produce que existan problemas para que los particulares puedan acudir a los medios de defensa por las violaciones que se cometen a sus derechos en los procedimientos de la administración pública. Así, observamos que no cuentan con la posibilidad de defenderse adecuadamente, que existen trampas procesales, que existe incluso perversidad por servidores públicos que engañan o impiden que el particular pueda exigir sus derechos en forma adecuada, etc.; lo cual motiva que estos particulares, con el afán de defenderse, pierdan en el camino su oportunidad e imposibilita que puedan obtener resoluciones favorables o, bien, que se puedan incluso llegar a esas instancias jurisdiccionales para defenderse.

Debido a esta realidad, estos particulares, teniendo adeudos fiscales, incumplimientos fiscales en sus espaldas, buscan otras alternativas para poder enfrentar estos problemas. Uno de ellos es la corrupción, otros son sugerencias inadecuadas, medidas imprudentes; y todo eso se resume en que se convierten, lejos de ciudadanos de buena fe, en perseguidos por el sistema. Por tanto, se hacen enemigos del propio sistema, como lo dijo hace casi doscientos años el profesor alemán Von Ihering, para quien el uso inadecuado del poder del Estado provoca que, en muchas de las ocasiones, su propia población sea su enemiga.

Atendiendo a esta situación, el mismo derecho ha establecido las formulas necesarias para evitar que se presente este problema, es decir, el de convivir como enemigos del Estado, pese a que uno puede tener el carácter de ciudadano de buena fe, para quien lo único necesario es realizar las actividades comunes y tener la liberad de emplearse o trabajar libremente en la actividad que mejor les convenga. De esa forma, en el derecho se establecen alternativas, como es el caso de la amnistía fiscal, condonaciones de adeudos, regularizaciones; programas establecidos en la ley para que los particulares se puedan, propiamente, regularizar y, lejos de que sean perseguidos por el sistema, ellos mismos acudan a las oficinas de las autoridades voluntariamente, amparados por esa ley, para llevar a cabo un trámite o un procedimiento de regularización. De esta manera, ellos se ponen en una situación de normalidad que impide que sean victimas de la corrupción de servidores públicos que están a la espera de este tipo de contribuyentes, que imposibilita que los propios contribuyentes comentan delitos para tratar de protegerse, y que, al final, sea beneficiosa para todos, tanto para los que se encontraban en la irregularidad, como los que no lo estaban. Algo necesario, porque, a propósito de estos últimos, saben reconocer que parte de las competencias que existe en el mercado realiza actos indebidos. Lo cual se vuelve un asunto contraproducente, pues, al final, como aquellos no se pueden regularizar, pero tampoco se les puede aplicar las consecuencias de la ley, se vuelve en una invitación para que los que cumplen permanentemente con sus obligaciones, ya no lo hagan, pues saben que no pasará absolutamente nada al respecto.

Así, esta segunda semana de diciembre de 2018 es el momento idóneo para que esta nueva administración presente la iniciativa de la ley de ingresos de la federación para 2019, la cual, normalmente, establece programas de regularización a los contribuyentes. Por ello, resulta indispensable que se cuente con esas medidas para que se pueda iniciar un gobierno con la menor oposición posible de la población, pues las irregularidades del pasado, las torpezas de la administración anterior o los propios medios de defensa de los contribuyentes han sido un costo muy elevado que el nuevo gobierno heredó. Por ello es necesario establecer estos programas de regularización y de condonación; en este caso, para iniciar lo que se ha denominado la cuarta transformación de México.

 

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